¿Acaso un hombre mantendrá a los estadounidenses encerrados en prisión?

Chuck Grassley
Senador Chuck Grassley, republicano de Iowa.

Por Sally Kohn

Nota del editor: Sally Kohn es una activista, columnista y comentadora de televisión. Síguela en Twitter: @sallykohn Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor.

Algo fenomenal ha ocurrido en Washington: defensores progresistas y fuerzas conservadoras se han unido en torno a una acción legislativa respaldada por la gran mayoría del pueblo estadounidense.

Grupos tan distintos como el Center for American Progress y ACLU en la izquierda y los hermanos Koch en la derecha; el senador republicano Rand Paul y el senador demócrata Cory Booker, y más de dos tercios del pueblo estadounidense apoyan las importantes reformas al sistema de justicia penal de Estados Unidos. Esto al igual que, presuntamente, los 2,2 millones de estadounidenses que están atrapados en el costoso y contraproducente sistema penitenciario en nuestra nación. Entonces ¿qué detiene la reforma? Un hombre: Chuck Grassley.

Grassley es el principal senador republicano por Iowa. Inicialmente fue elegido para el Congreso en 1975, y sirvió en la Cámara de Representantes antes de pasar al Senado en 1981. Eso significa que Grassley ha sido parte del Congreso lo suficiente como para haber estado allí cuando se introdujo por primera vez la idea de las sentencias mínimas obligatorias para condenas penales federales. En la década de los ochenta, el Congreso aprobó los llamados “mínimos obligatorios” como parte de la guerra nacional contra las drogas, supuestamente para hacer que fuera más fácil mantener a los traficantes y jefes encerrados.

Sin embargo, básicamente por cualquier medida, los mínimos obligatorios han sido un máximo fracaso.

Sí, el índice de criminalidad a nivel nacional ha disminuido en los últimos 40 años. Pero un nuevo estudio confirma que la reducción del crimen tuvo muy poco que ver, si es que algo en absoluto, con las leyes de sentencias obligatorias y el aumento en las encarcelaciones. Por ejemplo, mientras las encarcelaciones jugaron un pequeño papel —que se calcula en más o menos el 5%— en la disminución de los índices de criminalidad entre 1990 y 1999, aparentemente no tuvo ningún efecto entre 2000 y 2013.

Mientras tanto, la población en prisiones federales ha aumentado de 20.000 prisioneros en los ochenta a más de 200.000 prisioneros hoy en día. Debido a que los estados también han aprobado leyes de sentencias obligatorias, la población de las prisiones en general se ha disparado. Hoy en día, Estados Unidos tiene más personas tras las rejas que cualquier otro país en el mundo.

Uno de cada 100 adultos estadounidenses está en prisión o en la cárcel. Y las leyes han tenido un efecto desmesuradamente severo en las comunidades de color. Por ejemplo, en promedio, a los agresores de raza negra se les impone sentencias 20% más altas que a los agresores de raza blanca. Mientras tanto, las prisiones federales están sobrepobladas en un 40% y los costos de encarcelamiento acaban con el 25% del presupuesto del Departamento de Justicia.

El gobierno federal podría estar invirtiendo más en trabajos de infraestructura pública y educación superior, ya que se ha demostrado que el empleo y la educación disminuyen los índices de criminalidad de forma radical. En cambio, los políticos recortan los cupones de alimentos y los fondos de asistencia pública mientras gastan 29.000 dólares al año por cada recluso que se encuentra en una prisión federal.

Y como el escritor conservador Betsy Woodruff escribió en Slate: “Cuando tanto Elizabeth Warren como Ted Cruz piensan que el mismo proyecto de ley es una buena idea, podrías pensar que seguirá siendo un asunto de interés”.

Sin embargo, pareciera que Grassley simplemente no quiere cambiar las reglas. Grassley es el presidente del Comité de Justicia del Senado. Dicho de manera simple, debido a la posición generalmente poderosa de los presidentes de los comités en el Capitolio, si Grassley no quiere que haya una reforma, eso no ocurrirá. Y él no lo quiere.

En mayo del año pasado, Grassley dio un discurso en el pleno en el que expresaba su fuerte oposición a la “Ley de sentencias más inteligentes”. Grassley vinculó la reducción del crimen en Estados Unidos durante las últimas décadas en parte al uso de las sentencias mínimas obligatorias.

Al citar un año en el que el número de prisioneros estatales y federales había disminuido, Grassley argumentó que había un correspondiente aumento en el crimen a pesar de otra evidencia contradictoria. Además, dijo Grassley, “la única herramienta que el Congreso tiene para asegurarse de que los jueces federales no abusen de su discreción en imponer sentencias con demasiada indulgencia son las sentencias mínimas obligatorias”.

En el mundo de Grassley, la guerra contra las drogas está funcionando y las leyes respecto al mínimo obligatorio son una herramienta para combatir a los jueces activistas liberales. Debido a esas conclusiones tan ilógicas, uno podría preguntar en tono de broma si Grassley está luchando en contra de las drogas o si él mismo está consumiendo una gran cantidad de esas substancias.

Pero para cualquiera que ponga atención, lo que parece ilógico es la capacidad de Grassley para interponerse en medio de una fuerte coalición bipartidista de sus colegas y el abrumador peso de la evidencia objetiva y el apoyo público. Esta es una razón más por la que Washington parece tan disfuncional.

Una cosa es cuando un partido en la mayoría aprueba, por ejemplo, una reforma al cuidado de la salud y el otro partido vota porfiadamente una y otra vez —más de 50 veces— para revocar la ley. Eso es sin lugar a dudas inútil y absurdo, pero al menos puede ser calificado de partidismo irritable.

Sin embargo, aquí tenemos esa especie que es de las más singulares en Washington, el acuerdo… y alineado con los datos y la opinión popular. La idea de que una persona pueda interponerse es una locura. Esto no es lo que los Padres Fundadores tenían en mente. Esta no es una democracia de separación de poderes. Es más como una monarquía, donde Chuck Grassley es el rey.

Más de dos millones de estadounidenses podrían seguirse consumiendo en nuestro sistema penitenciario inflado y descompuesto, y más personas probablemente se unirán a ellos, simplemente porque la forma en la que el Congreso trabaja les da mucho poder a los presidentes de los comités como Grassley.

Hasta que haya una forma para evadir esta situación, Washington también parecerá estar descompuesto.

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