El mundo falló contra Argentina: ¿deberá el Gobierno abrir de inmediato el “cerrojo” a productos importados?

Casi 30 naciones estarán en condiciones de aplicar represalias contra el país, en caso de que el Ejecutivo no afloje con las restricciones aduaneras. Sin embargo, esto no significa que la administración K tenga que dar un cambio de un día para el otro. ¿Cómo sigue?

Argentina Productos Importados

En este último tiempo, el Gobierno se vio desbordado por una agenda internacional cargada de problemas, comenzando por la crisis con los holdouts, que le cerró la posibilidad de acceder al financiamiento y empujó al kirchnerismo a recorrer los foros del mundo denunciando el accionar “mafioso” de los fondos buitre.

Días atrás, el oficialismo sumó un nuevo conflicto al listado, debido a la forma en que manejó su postura frente al golpe terrorista ocurrido en Francia. La negativa a que Héctor Timerman participe de la marcha en carácter de canciller y las polémicas palabras de Hebe de Bonafini -que derivaron en una dura respuesta del embajador del país galo-, contribuyeron a reafirmar el aislacionismo que caracterizó este último tiempo a la política exterior del kirchnerismo.

Ahora, estalló una nueva crisis: la Organización Mundial del Comercio (OMC) acaba de fallar en contra de la Argentina por la controversia suscitada a raíz de las restricciones a las importaciones.

En concreto, el organismo rechazó la petición hecha por el Gobierno para anular un dictamen a favor de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, por el “cerrojoaduanero que viene aplicando el Ejecutivo desde hace más de siete años.

Considerando los países que conforman el bloque europeo, entonces son 29 las naciones que, llegado el caso, podrán aplicar medidas en contra de la Argentina. A estos litigantes se sumaron otros 15 en carácter de “terceros afectados”. Entre ellos figuran India, Israel, CoreaArabia Saudita, Canadá, Australia, Suiza y, paradójicamente, el país que está ayudando al BCRA a incrementar las reservas: China.

El documento final de la OMC es muy claro sobre la ilegalidad de las trabas aduaneras, “perfeccionadas” en épocas del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y ahora implementadas por su sucesor, Augusto Costa.

Por un lado, el fallo considera que las actuales Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) constituyen una clara “restricción” al ingreso de bienes del exterior y, por lo tanto, conforman una práctica incompatible con el comercio internacional.

En segundo lugar, también considera violatorias de las leyes a todo el sistema de trabas que se fueron implementando a través de los años, muchas de las cuales no cuentan con ninguna normativa escrita.

La OMC incluyó en este grupo al ya desactivado “plan 1 a 1”, por el cual se obligaba a las empresas a exportar por el mismo monto que pretendían importar.

También consideró ilegal la obligación de tener que incrementar el contenido nacional en los procesos productivos (medida impuesta por la ministra Débora Giorgi), y el tener que realizar inversiones en el país para obtener permisos.

Un punto clave de la medida es que no sólo se expide en contra de los procedimientos aduaneros. También declara ilegal el “cepo” al dólar, dado que la prohibición de girar utilidades al exterior también es una medida que va en contra de las normativas de comercio internacional.

Para los expertos, este fallo es trascendental, especialmente desde lo simbólico, porque se constituyó en la primera condena a gran escala al andamiaje proteccionista que debió levantar el Gobierno a lo largo de la década para contener la salida de divisas y, además, “disimular” los graves problemas derivados del atraso cambiario. 

¿El “cerrojo” aduanero llegó a su fin?

Para Marcelo Elizondo, ex director de Fundación ExportAr, este fallo es clave porque pone a la Argentina “en una situación de ilegalidad en el plano internacional”.

Sin embargo, el enorme peso que tiene este pronunciamiento en el plano simbólico, para el actual Gobierno tendría un efecto muy limitado en lo económico.

“Está claro: las barreras comerciales en los próximos días van a estar funcionando con la misma firmeza que hasta ahora. Este fallo, en lo inmediato, no cambia nada“, fue la contundente conclusión de Miguel Ponce quien, en su etapa como gerente de la Cámara de Importadores, debió lidiar con un “cerrojo” al rojo vivo.

El experto fue más allá y afirmó que “la administración kirchnerista es muy probable que no toque nada de todo el sistema de trabas. En consecuencia, los problemas seguramente los va a terminar heredando la próxima gestión”. 

En una línea similar se expresó Mauricio Claverí, economista de la consultora Abeceb, quien aclaró que “a partir de ahora se abre un período de negociaciones que hará que se dilate cualquier decisión oficial sobre las restricciones a las importaciones”.

Incluso, apenas se conoció la decisión de la OMC, el propio Augusto Costa aseguró que el fallo “en lo inmediato, no tiene efectos prácticos sobre el sistema de administración de comercio ni sobre la dinámica del comercio exterior”.

Así las cosas, para los expertos, el “cerrojo” aduanero gozará de buena salud por los próximos meses.

En primer lugar, porque el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, en un comienzo, deberá organizar una reunión en la que se solicitará a la Argentina que modifique sus prácticas ilegales de modo inmediato.

Sin embargo, según detalló Ponce, la normativa del organismo permite que un país en una situación como la que atraviesa la Argentina pida lo que se considera un “tiempo prudencial” para evaluar la medida e implementar posibles modificaciones al sistema de control aduanero.

Según Ponce, “es muy probable que la OMC le otorgue ese período de gracia. Si así llegara a darse, entonces sólo por ese primer paso, el kirchnerismo va a ganar oxígeno por hasta seis meses”.

Luego, la definición plantea dos escenarios posibles: que la Argentina finalmente desactive todo el entramado de restricciones al comercio y la OMC considere cumplidas las exigencias implícitas en el fallo, por lo cual no se aplicarían represalias. Sin embargo, prácticamente ningún experto considera esta posiblidad.

En cambio, para Elizondo, lo más probable es que el Gobierno no avance con ninguna corrección y evite ponerle punto final al trabas, lo que daría pie a que los países que iniciaron la demanda puedan imponer un castigo comercial.

Elizondo destacó que “todo depende de la forma en que el Gobierno encare este problema. Si realmente muestra vocación de diálogo y negociación, entonces tendrá un lapso interesante de tiempo”.

Sin embargo, aseguró que “lo más probable es que el Ejecutivo no esté dispuesto a negociar nada y que mantenga las restricciones a las importaciones tal como están. Así, buscará dilatar lo máximo posible cualquier aplicación de represalias mediante maniobras legales“.

En este último caso -es decir, una vez vencido el plazo sin verse resultados prácticos-, aquellos países que iniciaron la demanda, deberán volver a realizar una presentación ante el organismo internacional para que éste plantee lo que se denomina una “intimación formal” en contra de la Argentina.

A partir de allí, según Ponce, “las naciones que iniciaron el reclamo deberán demostrarle a la OMC una cuantificación del daño y probar en qué medida fueron afectadas sus exportaciones hacia la Argentina”.

“Todo este proceso hará que, de aplicarse retaliaciones (represalias), las mismas se vean plasmadas en la práctica recién hacia fines de este año, con lo cual, todo el problema le va a quedar al próximo Gobierno”, apuntó el experto.

Como contrapartida, Elizondo advirtió que si el organismo internacional no ve resultados y no hay una vocación de diálogo, entonces “podrá achicar el plazo de gracia”, de modo quehabría sanciones recién en el segundo semestre.

Más allá de esto, consideró que “claramente hay muchísimas más chances de que el kirchnerismo privilegie mantener las trabas a las importaciones que levantar las restricciones”.

¿Cuánto hay en riesgo?

En caso de que la administración kirchnerista opte por no acatar el fallo o que las modificaciones realizadas sobre las operaciones aduaneras no satisfagan a los países litigantes, entonces la Argentina podría sufrir sanciones.

En general, la OMC permite imponer como represalia medidas arancelarias. En ese caso, los productos nacionales que ingresan a esos tres mercados se verían encarecidos y esto dificultaría su acceso.

Sin embargo, llegada esa instancia, EE.UU., la Unión Europea y Japón no podrán imponer sanciones libremente. Deberán demostrarle previamente al organismo la dimensión del daño causado por las trabas aduaneras argentinas. Recién ahí estarán habilitadas a aplicar restricciones por un valor similar.

“Si Estados Unidos demuestra, por ejemplo, que las barreras le provocaron un daño a sus exportaciones por u$s1.000 millones, entonces podrá implementar aranceles a productos argentinos pero sólo por hasta ese valor”, detalló Ponce.

Sin embargo, el experto destacó que “esto no implica que estos países estén obligados a imponer represalias y llevarlas al máximo posible”.

En este sentido, indicó que puede haber productos argentinos para los cuales los gobiernos prefieran no avanzar en sanciones para no encarecer el costo de vida de la población, como puede suceder con la carne vacuna o aviar, cereales, lácteos y otros alimentos esenciales.

Un informe de la consultora Abeceb, destaca que en 2014 las exportaciones de la Unión Europea hacia la Argentina alcanzaron los u$s11.400 millones; las ventas de Estados Unidos totalizaron u$s9.000 millones, mientras que las de Japón sumaron casi u$s1.370 millones.

Así, las exportaciones sumadas desde esos tres orígenes mercados alcanzaron los u$s21.800 millones.

Ahora bien, llegado el caso de que la OMC autorice la aplicación de sanciones, las mismas no podrán alcanzar ese monto, sino que las represalias deberán limitarse a equiparar el daño causado por la Argentina.

Según Elizondo, una hipótesis no oficial pero que estuvo circulando con fuerza, es que los denunciantes considerarían que han visto afectadas sus exportaciones por entre un 20 y un 30% del total de lo enviado hacia la Argentina.

En ese caso, las sanciones plausibles no podrían superar los u$s6.500 millones.

Incluso, como señaló Ponce, pueden darse casos en los que algunos países prefieran no aplicar sanciones y así evitar un encarecimiento de sus importaciones, si no pueden reemplazar en lo inmediato el producto argentino por alguno de otro origen.

Bajo la óptica del experto, para el Gobierno cualquier castigo de este tipo será preferible antes que tener que desmontar todo el sistema de trabas a las importaciones, justo en un año en el que el Ejecutivo pretende llegar a las elecciones con reservas controladas y un tipo de cambio equilibrado.

Pero, para los expertos, hay un aspecto que va mucho más allá de lo económico y no puede medirse en términos de dinero. Y es que el kirchnerismo se juega algo más que las consecuencias que traerían aparejadas las represalias -que en última instancia, lo terminarán pagando las empresas-.

En definitiva, para el Gobierno, el fallo representa la oportunidad de presentar este conflicto, tal como ya se hizo con los holdouts, como la injusta presión de los países más poderosos sobre la Argentina.

Incluso, podría ir más allá e intentar convencer a la opinión pública de que el objetivo final del fallo de la OMC, que exige eliminar las trabas aduaneras, es el de destruir a la industria nacional y dejar sin fuentes de trabajo a millones de argentinos.

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