Lula da Silva teme que ahora vayan por él y criticó a Dilma

Los fiscales del juez federal Sergio Moro, que manejan el proceso por corrupción en Petrobras, advirtieron que la detención de dos grandes empresarios brasileños, Marcelo Odebrecht de la constructora homónima y Otavio Azevedo de Andrade Gutiérrez, no pone en la línea de investigación al ex presidente Lula da Silva.

Lula da Silva teme que ahora vayan por él y criticó a Dilma

Su figura “no está” involucrada en esta causa, afirmaron. Pero “aliados” del jefe histórico del Partido de los Trabajadores habían declarado, según informes de la prensa brasileña, que el dirigente creía, en cambio, “ser el objetivo próximo” del caso.

La espectacularidad de estas prisiones ocurridas el viernes último impactaron tanto en el gobierno como en todos los niveles de la sociedad brasileña. Odebrecht es uno de los mayores grupos empresarios del país, con una facturación anual de más de 30.000 millones de dólares.

La empresa es la principal jugadora en las obras públicas pesadas e industriales de Brasil. Y hasta el viernes, era la única que se había salvado de los sabuesos de Moro, a pesar de que para este magistrado era la que “capitaneaba” el llamado “club de las constructoras” que digitaban las licitaciones a cambio del pago de suculentas coimas a gerentes y directores de Petrobras.

Observado con lupa por la presidenta Dilma Rousseff y sus ministros más allegados, el episodio de las detenciones no parece poner en juego la figura presidencial, que no fue rozada por las causas de corrupción en la estatal brasileña. Pero el hecho sí tiene un fuerte poder de conmoción en la vida política de Brasilia. Especialmente, por tratarse de un momento de inestabilidad gubernamental y de baja popularidad presidencial.

En una reunión ocurrida el miércoles pasado en el Instituto Lula, con religiosos de la Iglesia Católica, el ex presidente admitió que el porcentaje de aprobación de Dilma “está muy bajo” y advirtió que al permanecer en silencio “el suyo parece un gobierno de mudos”. Según Lula, una encuesta encomendada por el PT en el ABC paulista, cordón industrial de donde surgió el propio dirigente, “demostró que el rechazo al partido llega a 75 por ciento. Y Dilma solo alcanza un 7 por ciento de personas que piensan que su gobierno es bueno”.

Para él, eso indica que es preciso “cambiar para poder recuperarse. Hay una máquina poderosa para hablar, ejecutar e inaugurar”. Máquina que a su juicio no es utilizada. Pero el líder histórico del PT fue más allá: “El gabinete (presidencial de Dilma) es una desgracia. Nadie entra para dar buenas noticias. Solo va la gente fina, no el catador de papel que venía a mi escritorio cuando yo era gobierno”.

Ayer, los abogados criminalistas que defienden al CEO de Odebrecht y a sus ejecutivos, cuestionaron los fundamentos utilizados por los fiscales de la Operación Lava Jato para pedir y obtener las prisiones preventivas. “Son manifiestamente ilegales”, dijeron. “La prisión preventiva es una medida de excepción y no debe ser convertida en anticipación de una pena”.

Una de las letradas, Dora Cavalcanti, argumentó: “¿Había alguna necesidad, alguna noticia de que alguien pretendía huir, de que alguien había destruido pruebas o había creado obstáculos a las investigaciones?”.

El grupo Odebrecht fue incluido, a principios de año, en la lista de compañías a las que se les impide temporariamente participar de licitaciones de la estatal petrolera. Una de las firmas controladas por el grupo, la petroquímica Braskem, dentro de la que Petrobras es la segunda mayor accionista, apareció citada en el caso Lava Jato a partir de “delaciones premiadas” del ex directivo de la estatal, Paulo Roberto Costa.

Emanuel Cancella, coordinador del Sindicato de los Petroleros de Río de Janeiro, ve en estas detenciones algo más que una cuestión de corrupción o incluso de querer empañar la imagen del ex presidente Lula da Silva. Para este gremialista, al juez Moro le seduce el olor a petróleo: “Su esposa es abogada de multinacionales del petróleo y representa, también, al PSDB (la principal oposición socialdemócrata) de Paraná, precisamente donde actúa el magistrado”.

Recuerda que hay un proyecto para enmendar la ley que fijó el sistema de explotación del petróleo de la llamada capa pre-sal. Según esa ley, Petrobras debe participar con un mínimo de 30 por ciento en los consorcios con privados. La enmienda pretende eliminar esa restricción.

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